En Costa Rica, las playas son consideradas bienes de dominio público, lo que significa que son accesibles a todas las personas. Según la legislación del país, específicamente la Ley de Marinas y los artículos relacionados con la Constitución, las playas no pueden ser privatizadas. Esto implica que no se pueden cerrar o restringir al acceso del público, incluso si hay propiedades privadas cerca de ellas.
Sin embargo, aunque las playas son públicas, algunas áreas cercanas a ellas pueden estar bajo propiedad privada, como terrenos que bordean la costa. En esos casos, los propietarios de esas tierras pueden tener derechos sobre el uso de la propiedad privada (por ejemplo, para fines turísticos o para la construcción de infraestructura), pero no pueden restringir el acceso a la playa misma.
Si alguien te prohibe estar en alguna playa, recordá que las playas en Costa Rica son públicas y cualquier persona tiene el derecho de acceder a ellas. No pueden ser consideradas privadas, aunque algunas personas intenten limitar el acceso a zonas cercanas.